Y, ¿para cuándo una verdadera Reforma Fiscal?

BERNARDO BANDE COLOR

El otro día decía el profesor Lagares, presidente de la Comisión de Expertos para la reforma fiscal, que esto ha sido “la reforma que pudo ser y no fue”.

Y es que, lo que finalmente parece que se va a aprobar, parte de un mal de fondo, ya que «no tiene en cuenta la consideración de que un sistema tributario es un instrumento esencial para impulsar el crecimiento económico y el empleo, y no sólo una herramienta  recaudatoria».

Es decepcionante la oportunidad perdida de eliminar el Impuesto del Patrimonio, unificar a la baja el Impuesto de Sucesiones, acabar con las grandes diferencias entre comunidades autónomas o bajar las cotizaciones sociales. No se puede hablar de una reforma fiscal completa si se dejan al margen estas cuestiones.

Debería utilizarse la política fiscal para ayudar a solucionar el gravísimo problema del paro que tiene España. Es necesario un serio análisis. Con la actual tasa de desocupación, gravar el empleo –las cotizaciones sociales son eso, un impuesto al trabajo–  con tasas cercanas al 40% es para replanteárselo. Ahí tenemos el caso de Dinamarca, donde se bajaron las cuotas a la Seguridad Social hasta el 7% y se subió el IVA al 25%. El resultado fue que se acabó con el desempleo.

En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  no se puede hablar de reforma. Se trata más bien de un leve retoque e introducción de determinadas mejoras técnicas sobre la actual Ley. Si bien una bajada de tipos es siempre deseable, porque genera más renta disponible para el ciudadano y dinamiza el consumo, el análisis conjunto de las medidas hace que la rebaja fiscal sea discutible, ya que para rentas superiores a 30.000 € anuales es casi inapreciable.

Se echa en falta medidas tales como la integración de los rendimientos por alquileres en la base del ahorro, propuesta por la Comisión de Expertos, y la eliminación del gravamen sobre las “rentas presuntas inmobiliarias”.

Por lo que se refiere al Impuesto de Sociedades, es criticable el alejamiento que se produce entre el resultado contable y la base imponible del IS, al no permitirse la deducibilidad fiscal de determinados conceptos de gasto contable, quedando gravada una mayor capacidad económica que la realmente existente.

También se verán perjudicadas muchas empresas de nuestro país por la convergencia de tipos de gravamen al 25%, ya que hoy son muchas las sociedades con facturación inferior a 5 millones de euros que, condicionado al mantenimiento de empleo, tributan al 20%, beneficio fiscal que se elimina a partir de 2015, lo que hará que muchas empresas vean realmente que su tipo del impuesto de sociedades se incrementa del 20% hasta el 25% y lo que es más preocupante, prescindan de personal al perder el incentivo por mantenimiento de puestos de trabajo.

Asimismo, en el texto del proyecto de ley referente al Impuesto de Sociedades existen aspectos concretos que tienen una grandísima dificultad interpretativa. Hay un claro aumento de conceptos jurídicos indeterminados, lo que generará más conflictividad, si cabe, que la que actualmente existe.

De todos los textos proyectados, del que menos se habla y que el Gobierno trata de tramitar con poco ruido es la sustancial reforma de la Ley General Tributaria, norma básica que regula las relaciones entre la Administración Tributaria y los contribuyentes.

BCONTABLE

Aumenta la indefensión del Contribuyente frente a la Administración Tributaria

A la vista del anteproyecto, tanto los profesionales del derecho tributario como los contribuyentes, no pueden más que estar preocupados.

 Y es que el anteproyecto introduce una importante pérdida en los derechos de los contribuyentes, que ven cómo los pocos derechos que aún les quedan se reducen  todavía más y, a su vez, se incrementan las facultades, ya de por si exorbitantes, de la Administración Tributaria.

 El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un dictamen, con el que coincido en sus argumentos, donde se despacha a gusto y critica duramente el anteproyecto, indicando para empezar que  como cuestión previa y general a todo el Anteproyecto, es necesario advertir de la necesidad de que se incremente la seguridad jurídica del contribuyente”.

 Respecto a la prescripción, indica:   parece que el prelegislador se ocupa de establecer mecanismos para impedir “a toda costa” que la prescripción llegue efectivamente a producirse, bien otorgando poderes exorbitantes a la Administración Tributaria, bien incrementando las causas interruptivas, lo que le lleva a denunciar que resulta ciertamente sorprendente esta declaración de imprescriptibilidad, que carece de parangón en nuestro ordenamiento jurídico, más allá de la referida a delitos de especial gravedad previstos en el Código Penal como crímenes contra la humanidad.

 También destaca la visión del CGPJ sobre la divulgación pública de los datos identificativos de deudores a la Hacienda Públicanos planteamos serias dudas acerca de que esta publicidad resulte compatible con la legislación sobre protección de datos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 En cuanto a las pretendidas limitaciones para la aportación de pruebas en los procedimientos tributarios, advierte que “puede conculcar el derecho de defensa del obligado tributario”,

 Y, ahondando en las atribuciones que se  da a la Administración Tributaria en el ámbito del derecho penal, llega a manifestar que compromete seriamente la división de poderes inherente a todo Estado democrático de Derecho.

 El abogado fiscalista Javier Gómez Taboada, escribía no hace mucho en su magnífico artículo “Aún hay jueces en Madrid: varapalo judicial a la reforma de la LGT” que, desde instancias más que autorizadas, ya hace tiempo que se denuncia que las constantes y arbitrarias modificaciones tributarias causan una enorme incertidumbre, una sensación de temporalidad y una inseguridad jurídica que están provocando un daño inconmensurable a nuestro país”.

 Somos muchos los que, como Javier Gómez Taboada, nos preguntamos: ¿para cuándo un sistema fiscal simple, coherente, incentivador e impulsor del crecimiento y la creación de empleo? – ¿para cuándo una reflexión seria sobre nuestra pesada estructura administrativa? – y ¿para cuándo una Administración que, persiguiendo implacablemente el fraude, no vea en todos y cada uno de los contribuyentes -en su inmensa mayoría, meritoriamente cumplidores- a unos potenciales defraudadores?”.

En definitiva,  «¿para cuándo una verdadera Reforma Fiscal? »

Bernardo Bande García-Roméu
 Socio director – Departamento Fiscal
Licenciado en A.D.E. – Abogado
Auditor de cuentas del ROAC
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